Durante su visita a la Universidad de Colima, donde impartió la conferencia “Retos en el sistema de justicia penal”, en la Facultad de Derecho, el investigador Joaquín Merino Herrera dijo que México se enfrenta a un sistema de justicia más exigente, que privilegia la presunción de inocencia y el respeto a los Derechos Humanos.
Sin embargo, continuó, “la falta de personal formado técnicamente provoca irregularidades en los procesos de administración de justicia, lo que ha llevado a los delincuentes a buscar el mínimo error de las instituciones para lograr su libertad”.
“La creación de la Ley Penal o de las leyes en general no es suficiente para aplicar justicia, es indispensable que tengan efectiva aplicación; para eso necesitamos personal técnicamente formado, pues nos enfrentamos a un sistema más exigente que piensa en la prueba, la forma en que se recaba, testigos, en el cómo se presenta al Ministerio Público y al juez”, explicó el Merino Herrara.
Pese a estos requerimientos, aseguró que “se han dados casos muy representativos en los cuales la aplicación de justicia ha dejado qué desear”.
Uno de ellos es el caso de la francesa Florance Cassez, en el cual, dijo, era otro el sistema de justicia y sin embargo la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) “la dejó en libertad porque se habían violentado derechos de contenido procesal de la persona detenida, quien obtuvo asistencia consular y después de siete años se le otorgó la libertad; entonces, si el antiguo sistema logró su libertad, imaginemos lo que puede hacer el actual”, comentó.
Otro caso, desde el lado de la víctima, es el de Valentina Rosendo, mujer indígena violentada sexualmente en febrero de 2002, en Guerrero, cuando tenía 17 años y a quien las instituciones mexicanas se negaron a tomarle declaraciones y la desacreditaron; pese a ello, la Corte Interamericana de Derechos Humanos atendió el caso y dijo que las autoridades mexicanas debían administrarle justicia, eso en 2010.
En este caso, hace apenas unos días una jueza declaró a su favor y condenaron a los culpables; “nuestro sistema está fallando”, enfatizó Joaquín Merino. La pregunta es, continuó, “¿cómo le haremos para que funcione? Todos los involucrados deben tener una capacitación de calidad, lo cual nos ha fallado desde 2008. El cambio a Fiscalía General de la República que ya viene, exigirá más y espero que las instituciones estén preparadas”.
Para el académico, la capacitación no solamente se refiere al aprendizaje sino a las destrezas, habilidad y actitud de los involucrados, pues ahora exige un mayor conocimiento de la culpabilidad, la presunción de inocencia y del proceso a mayor profundidad; “de lo contrario, se van a seguir dando casos como los mencionados”, agregó.
Merino Herrera tiene claro que la justicia se puede seguir equivocando, ya sea por “factores distintos al proceso penal, corrupción, ineptitud, intereses propios, por dejadez, o por ‘chapuza’ de las autoridades”. No obstante, aseguró que estos elementos se pueden reducir “a medida que exijamos profesionales capacitados en esas instancias y desde las familias”.
“No es que la delincuencia organizada sea muy buena, es que la hemos dejado entrar a nuestras instituciones. También tenemos que comenzar a fomentar la denuncia”, finalizó.